Presupuesto universitario 2018: Crónica de un derecho (más) avasallado

Por Nuria Giniger y Ernesto García, para Revista Zoom*

En medio de la turbulencia que vivimos antes de las fiestas, con las enormes movilizaciones contra las reformas de ajuste impulsadas por el gobierno de Cambiemos y la brutal represión con que éste respondió, se aprobó también el presupuesto para el 2018 con un nuevo achicamiento a las universidades y al Sistema Científico y Tecnológico.

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Esta ley de presupuesto aprobada implica, entre otras cosas, un nuevo achicamiento para nuestras universidades y para el Sistema Científico y Tecnológico (SCyT), que destina al presupuesto universitario $97 mil millones, cuatro veces menos que lo destinado al pago de la deuda externa (para la que se destinan $406 mil millones). Y sigamos comparando: el porcentaje de presupuesto destinado a la Universidad disminuyó de un 0,87% en 2015 a un 0,77% para 2018. Esto retrasa la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de las y los docentes, así como la regulación de los contratados y ad honorem, pues mantiene congelada la planta de las universidades, siendo fiel a los dichos del presidente acerca de los docentes que sobramos, que con enorme cinismo no hace más que fortalecer el trabajo precario. Además, se consolida el deterioro salarial de 2016, al mismo tiempo que se elimina el artículo referente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

La inversión en Ciencia y Técnica para 2018 también sufre una reducción neta del 11,9%. Esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades: el ajuste en este área implica pérdida de soberanía, límites concretos al desarrollo y una nueva oleada de fuga de cerebros. Un verdadero cientificidio que este gobierno viene implementando desde su asunción.

Las Universidades no solo tienen el rol de formar futuras generaciones y producir conocimiento científico, además cumplen un papel social fundamental, que es clave para el acceso a la cultura, a la salud e incluso a la política. En este sentido, el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, que se encarga de financiar voluntariados, cooperación internacional, infraestructura y bienestar universitario sufre un recorte del 15,9% en términos nominales y del 30% en términos reales. Las becas estudiantiles se reducen en un 32% en términos nominales y del 44% en términos reales. La inversión a los hospitales universitarios decrece un 3,4% con respecto a 2017, lo cual implica una caída del 20% en términos reales. Finalmente, los gastos de funcionamiento se reducen un 11% y los correspondientes a proyectos especiales, un 16%.

Este presupuesto que además de implicar un ajuste en todas las áreas educativas, en la ciencia y en la universidad, también reduce los montos asignados a salud y prevención de la violencia de género, fue votado entre otros por –ni más ni menos– que la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), militante de Franja Morada y diputada nacional por Cambiemos, Josefina Mendoza. Quién ocupa la presidencia de la herramienta del movimiento estudiantil creada al calor de la gesta de la Reforma Universitaria, da su voto para aprobar un presupuesto que llevará a que muchos no puedan continuar sus estudios por motivos económicos y que se profundice la desigualdad educativa. En un contexto social de desempleo y pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores, esta ley va completamente en contra de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la Educación Superior.

A poco de cumplirse 100 años de la Reforma Universitaria, Cambiemos demuestra su intención de destruir las conquistas hasta aquí logradas, como lo demostró las once veces que las fuerzas de seguridad violaron la autonomía universitaria desde que comenzó el mandato. El avasallamiento de los derechos y la saña con que este gobierno despliega sus políticas, requieren la mayor unidad para resistir. Sin embargo, construir una universidad popular no es una cuestión de las y los universitarios solamente: el pueblo argentino en conjunto debemos edificar un proyecto alternativo que se enfrente a la universidad morada en su versión PRO. Nos urge una nueva gesta latinoamericana, una Nueva Reforma Universitaria, que se entrame con las luchas del resto de los sectores que venimos enfrentando el ajuste, la represión y la recolonización de Latinoamérica.

*Nuria Giniger es antropóloga. Investigadora de CEIL-CONICET y docente de la UBA. Co-autora de “Cientificidio, Soberanía y Lucha de Clases” (2017) | Ernesto García es estudiante de Filosofía, UNLP. Secretario de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de La Plata (FULP)

Fuente: https://revistazoom.com.ar/cronica-de-un-derecho-mas-avasallado

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