“… La tierra robada, será recuperada. Amada, cuidada y nunca negociada…”

21983997_10212333834013281_1929651106_n

Por Leandro Rodríguez,
Estudiante de la UNQ, militante del MUI

En  el  año  2006,  el  Congreso  de  la  Nación  promulgó  la  ley  N°  26.160  publicitada como parte de la “reparación histórica” para los pueblos originarios. Reglamentada por el Decreto 1122/2007 y la Resolución INAI Nº587/2007, esta ley, por un lado declara  la emergencia   territorial   en   materia   de posesión   y   propiedad   de   las   tierras   que tradicionalmente  ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de cuatro años (artículo 1); suspende por el plazo de la emergencia declarada la  ejecución  de  sentencias,  actos  procesales  o  administrativos,  cuyo  objeto  sea  el desalojo  o  desocupación de  las  tierras  que  tradicionalmente  ocupan  las comunidades indígenas  del  país  (artículo  2);  y  por  otro,  indica  que  el Instituto  Nacional  de  Asuntos Indígenas (INAI) durante los 3 primeros años deberá realizar el relevamiento técnico jurídico catastral de  la  situación dominial  de  las  tierras  ocupadas  por  las  comunidades indígenas   y   promoverá   las   acciones   que   fueren   necesarios  con   el   Consejo   de Participación   Indígena,   los   Institutos   de   Aborígenes   Provinciales, Universidades Nacionales,    Entidades    Nacionales, Provinciales    y    Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no gubernamentales (artículo 3).

Teniendo en cuenta que dicho relevamiento no ha culminado aún, la ley debió ser prorrogada en dos oportunidades por las leyes N° 26.554 (del año 2009) y N° 26.894 (del año 2013) por lo que se encuentra vigente hasta Noviembre de este año. Según información proporcionada por el Estado, hay 1532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). De ese número, han iniciado el proceso de relevamiento 759 comunidades, esto es, apenas un 49% del total. De ese parcial total (759), solo 459 comunidades cuentan “con resolución”, que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) identifica como relevamientos “culminados”, y en relación a los cuales, “en los casos que corresponda, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública”. Pese a estar concluidos en la práctica, si bien se elabora una “carpeta” con todo el material, no solo no se avanza en la titulación ni entrega de títulos, sino que muchas veces siquiera se conoce el destino de esas carpetas, informó en un documento Amnistía Internacional Argentina.

El problema de la tierra que confronta a las Naciones Preexistentes y al Estado Nacional Argentino, existe desde prácticamente el momento posterior a llevarse adelante el genocidio recordado por la historia Argentina como “Campaña del Desierto” (1878 – 1885) hacia el centro-sur del Río Salado, la “Conquista del Desierto Verde” (1870 – 1917) menos mencionada pero igual de violenta, realizada hacia los territorios del Gran Chaco, y otras embestidas o “cacerías” de indígenas que se llevaron a cabo durante la conformación del Estado Argentino. Pero esto no ha terminado aún. En la actualidad, con el lamentable hecho de  la desaparición forzada de Santiago Maldonado, un joven que participaba solidariamente en el corte de la Ruta 40 realizado en  la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA ocupado por la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, la situación por la que están pasando los Pueblos Originarios respecto a la tenencia de la tierra tomó mayor relevancia y desnudo el entramado  de complicidades entre terratenientes, fuerzas de seguridad y representantes de los poderes políticos y judiciales para no permitir ningún tipo de reclamo judicial sobre la tenencia legítima de las tierras en reclamo. Por ello, esto se convierte en un debate que vuelve a resonar en todas las esferas, y no solo se limita a la situación de los Mapuches en la Patagonia Argentina, sino que recorre a todas las problemáticas que padecen las más de 36 Naciones preexistentes que habitan el suelo hoy llamado Argentino.  

Tierras y Territorios

Ahora bien, ¿Por qué es tan importante para los Pueblos Originarios recuperar estas tierras? El  tipo  de  posesión  que  adoptan  las  comunidades  preexistentes respecto de  sus  territorios tradicionales, a los que consideran sagrados, adopta formas notoriamente distintas a la de los Códigos Civiles y demás legislaciones internas del Estado Argentino. El mayor hincapié para comprender la particular relación de los pueblos originarios con sus territorios debe instalarse en la espiritualidad y en su estilo de vida comunitario. No estamos hablando de la tierra como un bien económico, donde se realizan actividades que solo sirvan para el intercambio de mercancías, bienes o servicios, donde también existe una transformación masiva, forzada y lesiva de la naturaleza. Para las Naciones Preexistentes que habitan toda la extensión del Abya Yala (Continente Americano) existe una reconocida frase “…La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella…”. La tierra no es algo que viene delimitado por convenios o tratados, la tierra es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que los cohesiona como unidad de diferencias. La tierra, ámbito espacial de sus vidas es el mismo que debe ser protegido por los desequilibrios, ya que de él necesitan para sobrevivir con identidad. El territorio no solo es el espacio, es la palabra, es el reconocimiento y el entendimiento. Es el diálogo entre la pachamama y las personas, entre los animales y el viento, entre la vida y los espíritus. Existe una reciprocidad entre la tierra y ellos que se manifiesta en el equilibrio social que permite un aprovechamiento sustentable de los recursos que ella les provee. El equilibrio social debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las generaciones futuras de un espacio rico en recursos y lleno de memoria. Mientras occidente postula  el desarrollo  como  instrumento  para conquistar la escasez y se trazan como metas la acumulación, el crecimiento económico y  la  productividad, los  pueblos  indígenas  motivados,  no  por  el  producir más,  sino  por  el Buen Vivir,  consideran  que  el  desperdicio  y  el  exceso  son  prácticas que lastiman la armonía de la vida. En resumidas palabras, la tierra es donde se encuentran sus raíces y donde toman sentido sus celebraciones religiosas; será también el espacio que se encuentra reservado a su linaje familiar y a las tumbas  de  sus  antepasados, constituyendo  un  territorio  indígena  el  sitio  señalado  para desplegar  la  identidad  y  la  cultura  de  un  pueblo  originario,  su  desarrollo  personal  y espiritual y su proyecto colectivo.

El Estado Argentino sólo ha desplegado herramientas que violentan todos esos principios sagrados, conformando un genocidio lento pero efectivo. La expulsión de sus tierras, los discursos invisibilizadores, racistas, el empobrecimiento y la desidia forman parte de una práctica intencional de eliminar todo rastro de la memoria colectiva que recuerde o que atestigue que en estas tierras haya existido Naciones con costumbres, cosmovisiones y prácticas distintas a las del capitalismo occidental.

El reconocimiento de la preexistencia

El reconocimiento de la noción de preexistencia, regulado en el primer párrafo  del  artículo  75,  inciso  17  de  la  Constitución  Nacional  Argentina  y  que  ya mencionara  el  artículo  1,  inc.  b  del  Convenio  169  de  la  OIT,  exige que  los Estados nacionales  deben  partir  del  respeto  a  la  existencia  de  culturas que  rondan  por  el continente americano, al menos, por 50 veces más tiempo que los mismos Estados que hoy pretenden imponerles sus leyes.

Reconocer la preexistencia implica admitir que la vida y forma de organización que los pueblos indígenas se vienen dando proviene  desde miles de años a la fecha,  en cuyo  contexto  los Estados  nacionales  de  América  vinieron  a conformarse  hace relativamente poco tiempo por estas tierras. Por tanto, no se encuentran hoy los Estados en condiciones de desconocer toda una historia y organización política que responden a complejas  cuestiones  de  identidad  cultural  y  al  devenir  de  siglos  de  evolución,  de  una evolución distinta que la forjada en el seno de los países europeos.

Un  fallo  judicial  firme  de  la  Provincia  argentina  de Río  Negro  describe  con  precisión esta  noción  cuando  dice: ”La posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión  individual  del  código  civil. Por  mandato  operativo,  categórico  e  inequívoco de  la  Constitución  Nacional, toda ocupación  tradicional  de  una  comunidad  indígena  debe  juzgarse  como posesión comunitaria  aunque  los  integrantes  no  hayan  ejercido  por  sí  los  actos posesorios típicos  de  la  ley  inferior  (artículo  2384  del  código  civil  argentino). Es  la  propia Constitución   la   que   nos   dice   que   esas   comunidades   han  poseído   y   poseen jurídicamente  por  la  sencilla  razón  de  preexistir  al  Estado  y conservar  la ocupación tradicional. Es trivial, por lo tanto, que los demandados hayan nacido o no en el lugar específico, que hayan tenido una residencia continua o intermitente, que hayan trabajado la tierra por  sí  o  para  otro,  etcétera.  Incluso  es intrascendente  que  alguno  de  ellos  haya reconocido  circunstancialmente  la posesión  de  otro,  porque  se  trata  de  un  derecho irrenunciable  desde  que  es inajenable.    Lo    único    relevante    es    que    la    comunidad    se    haya conservado tradicionalmente  en  el  lugar  y  que  ellos  pertenezcan  a  tal comunidad.  Eso  equivale  a posesión comunitaria con derecho a propiedad comunitaria…”

En  el  mismo  sentido,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  el  fallo “Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Estado de Nicaragua‖ del  31/8/01”  revela  que “La posesión  tradicional  de  los  indígenas  sobre  sus  tierras  tienen  efectos equivalentes  al título  de  pleno  dominio  que  otorga  el Estado (…) Es  decir  que no  se  les  debe  exigir  la  presentación  de  títulos  formales  de  propiedad bastando  el  hecho  mismo  de  la  ocupación    tradicional  de  sus  territorios”

Mucho más contundente y específico en cuanto al alcance de la noción jurídica de preexistencia resulta el contenido de la Declaración Universal sobre los Derechos de los  Pueblos  Indígenas  recientemente  aprobada  en  la  Asamblea  General  de  la ONU,  en tanto  su  artículo  26  nos  revela  muy  claramente  que: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho  a  las  tierras,  territorios  y  recursos que  tradicionalmente han  poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”. 2. “Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. 3. “Los Estados asegurarán  el  reconocimiento  y  protección  jurídicos  de esas  tierras,  territorios  y recursos.    Dicho    reconocimiento    respetará debidamente    las    costumbres,    las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”

Cuando se analiza la normativa internacional, en la cual se inspira y hace pie las leyes nacionales a la hora de legislar sobre tierras de comunidades ancestrales, se puede advertir que se pone bajo control de los pueblos indígenas grandes porciones de recursos naturales estratégicos no solo para Argentina, sino para el mercado mundial, como es el caso de los minerales y en un futuro, el agua. No responde a un capricho el negarle la “titularidad” de sus tierras, sino que forma parte de una estrategia histórica del Estado Nacional para apoderarse de recursos naturales, tierras para explotación turística o simplemente para la casa de fin de semana de algún importante empresario argentino o extranjero. Por otra parte, el modo de organización comunitario que poseen los Pueblos Originarios, es una interesante alternativa al modo de organización social capitalista y pone en jaque los conceptos básicos del mundo occidental. Representar a los Indígenas como pobres, anticuados, subdesarrollados y de mal aspecto, responde a una visión que los quiere mostrar como una especie de animales, poseedores de una débil organización, basada en cultos paganos, vestimenta semidesnuda y conocimientos nulos.

La lucha continúa

En el mes de Noviembre el Senado Nacional debe decidir si mantiene el estado de emergencia territorial, dando la oportunidad de continuar realizando junto a representantes de las Naciones Originarias el relevamiento que permita conservar para ellos esas tierras, o si, en consonancia con las políticas del actual gobierno nacional que beneficia a los capitales extranjeros y da rienda suelta a la manipulación económica a favor de los intereses transnacionales, rechaza esa prórroga y deja a las tierras que tradicionalmente ocupan estos pueblos a merced de las manos de los terratenientes como Benetton y Lewis, que cuentan con el apoyo del sistema judicial, altas esferas políticas y fuerzas de seguridad para salir a reprimir y expropiar como ya estamos viendo casos en la Patagonia y en el Noroeste argentino. “Existen más de 600 conflictos de tierra en todo el país y alrededor de ocho millones de hectáreas que los pueblos originarios exigen sean restituidas. Exigimos la inmediata prórroga de la ley”, refirieron en un comunicado firmado por los representantes de las comunidades originarias. “Sin esta ley, el gobierno de Macri con su política nos lleva al exterminio inmediato y a arrasar con las últimas tierras que están a disposición de las diferentes comunidades indígenas”, resaltaron.  

Desde el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI) creemos que debemos acompañar a los hermanos y hermanas de las 36 Naciones preexistentes que están dando importantes luchas para contrarrestar el atropello por parte del Estado Argentino exigiendo que se reconozcan sus derechos y respeten sus formas de vida ancestrales.  En la actualidad podemos resaltar el trabajo que viene realizando la hermana Moira Millán en conjunto con la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen vivir. Ellas vienen llevando adelante numerosas intervenciones como las dos marchas de Mujeres Originarias en Buenos Aires (2015 y 2016) y la realización del Primero Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización realizado en la ciudad de Bahía Blanca en el mes de Mayo, en donde se reunieron representantes de las 36 Naciones para denunciar los atropellos y la violencia con la que el Estado reprime sus comunidades. Este es uno de tantos caminos en el cual no debemos dejar de participar, y llamar a todos los estudiantes, gremios, organizaciones sociales etc a acompañar y formar parte.  Por otro lado, debe ser prioridad en este contexto de ajuste, endurecimiento de la persecución y represión de todas las manifestaciones sociales contrarias a las políticas del actual gobierno de Cambiemos, fomentar las discusiones  en el ámbito académico, en las universidades y escuelas universitarias sobre estas problemáticas como la prórroga de la Ley 26160 y la estigmatización de los pueblos que luchan, dando a lugar al renacimiento de los discursos racistas, etnocentristas y machistas que giran alrededor de los Pueblos Originarios. Pero no  debemos quedarnos dentro de las universidades, por fuera también debemos generar una instancia de debate conjuntamente con todas las fuerzas que resistimos las políticas del gobierno nacional, apoyar fuertemente las actividades que realicen los hermanos y hermanas de los Pueblos Originarios y organizarnos conjuntamente con toda la sociedad para preguntarnos ¿Dónde está Santiago Maldonado? y exigir su aparición con vida.

Por todo ello, adherimos al pronunciamiento de las hermanas y hermanos exigiendo: -EL URGENTE TRATAMIENTO DE LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 QUE FRENA LOS DESALOJOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y OBLIGA AL ESTADO A DEMARCAR SUS TERRITORIOS.

-EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LEYES Y CONVENIOS INTERNACIONALES

-EL CESE DE LAS PERSECUCIONES DE LOS/AS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES, QUE SON PROCESADOS, PRESOS, MUERTOS Y DESAPARECIDOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO.

-APARICIÓN CON VIDA DEL HERMANO SANTIAGO MALDONADO. DESAPARECIDO POR SOLIDARIZARSE CON LA CAUSA INDÍGENA.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s