Contra el ajuste y la xenofobia en nuestras universidades

El pasado domingo salió en la prensa la noticia de que el diputado macrista Eduardo Amadeo reclamó a los Rectores de las diferentes Universidades Nacionales información acerca de los estudiantes extranjeros en nuestro país. Cinco datos son los que piden: el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen los estudiantes; en qué facultades y carreras cursan; y su performance académica.

Este nueva medida no apunta a recabar información para mejorar la situación de los estudiantes extranjeros radicados en nuestro país ni nada similar, ya que de acuerdo a lo manifestado por el mismo Amadeo, redactor del proyecto: “ponemos plata en el presupuesto para los diversos niveles y queremos saber a quién le ponemos la plata”. Con esta medida se considera a los estudiantes extranjeros un “gasto” que realiza el Estado Nacionalo, y como es afrontado cualquier otro “gasto” desde la óptica del macrismo, puede ser recortado o eliminado si los “resultados” no son los esperados.

El fundamento del proyecto presentado son “numerosos informes periodísticos”, entre los cuales sin nombrarlo se hace referencia al programa de Jorge Lanata (Grupo Clarín), que hace unas semanas realizó una “investigación” que da cuenta “de los enormes gastos” que realiza la UBA en permitir el acceso y la permanencia de estudiantes que provienen de otros países. Una vez más, la vinculación entre los medios hegemónicos y el gobierno de la Alianza Cambiemos no sólo es explícita, sino que también trabaja fuertemente en el sentido común para crear condiciones que permitan el recorte y el ajuste en nuestras universidades.

Desde el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI) denunciamos que el objetivo del gobierno es hacer foco en los estudiantes extranjeros como culpables del reducido presupuesto universitario, cuando la causa real de los problemas presupuestarios en nuestras universidades es el mismo gobierno, que aprobó este año un presupuesto de ajuste del -70,1% (de los $1.471 millones en 2016 a los $440 millones de pesos de 2017) y redujo las becas para estudiantes de bajos recursos de 19.334 a 14.350 (4.984 becas menos, que representa un 25% menos)y de las becas para carreras prioritarias que disminuyen de 31.394 a 20.935 (menos 10459), entre otras de las áreas afectadas.

Como argentinos y latinoamericanos estamos orgullosos de contar con universidades públicas, gratuitas y de excelencia, que permiten que miles de compatriotas puedan formarse y capacitarse en estudios superiopres que contribuyan al desarrollo regional. Formar a la juventud profesional latinoamericana en nuestro país no es un gasto, es una inversión. Necesitamos más inmigrantes, más habitantes y una perspectiva cultural nacional latinoamericana para profundizar en la integración y colaboración entre nuestros pueblos hermanos.

Si lo que se busca es conseguir un mayor presupuesto para la universidad, bien podría el gobierno dar marcha atrás con la quita de impuestos a las mineras y a los productos agrarios de exportación, con lo que se generaría efectivamente que los sectores más pudientes y de mayor riqueza financiaran el derecho a la educación en nuestro país. Sin embargo el proyecto educativo de la Alianza Cambiemos demuestra una vez más en esl caso de este proyecto, como ocurió antes con el presupuesto o la paritaria docente, que su prioridad no es garantizar el derecho a la educación pública para todas las personas que deseen acceder a ella.

La Ley de Migraciones 25.871 del año 2004, que reconoce a la migración como un derecho, en su artículo 4 expresa que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. Dentro de ese marco normativo, el Estado asume que ninguna infracción administrativa puede vulnerar los derechos de los migrantes, y asume una política que facilite la regularización y no los criminaliza. Los programas Patria Grande (e permitía regularizar la documentación de habitantes de estados del Mercosur) o Abordaje Territorial, que surgieron para facilitar esa regularización, fueron desarticulados. A esto se sumaron el aumento del 200 por ciento en los aranceles de trámites migratorios y el incremento de los operativos en que se controló a inmigrantes, así como el número de expulsiones del país. Con esto comprobamos que no es una casualidad la arremetida contra los compañeros y las compañeras extranjeros en la universidad, sino que forma parte de una campaña xenófoba que el macrismo instala en todos los niveles de la sociedad y el Estado.

A fines de 2015, tras muchos años de lucha del movimiento estudiantil y toda la comunidad universitaria, se sancionó la reforma de la ley de Educación Superior que garantiza el ingreso irrestricto y la gratuidad en las universidades. Dejamos bien claro que los y las estudiantes no estamos dispuestos a retroceder en ninguno de los derechos conquistados, y que seguiremos en unidad en las aulas y en las calles dando la batalla por construir una universidad laica, gratuita, científica, popular, feminista, latinoamericana y de excelencia académica, para la liberación Nacional y Social de nuestro país y Latinoamérica.

MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE IZQUIERDA – MUI

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