Trelew

Por Rogelio Roldán
23-8-2012

En un clima de rebelión de masas en ascenso, el 15 de agosto de 1972 la dictadura de los monopolios recibió un duro golpe: veinticinco presos políticos del ERP, FAR y Montoneros se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson. Es ampliamente conocido que los 19 compañeros que depusieron armas en el aeropuerto, pese al compromiso de la Marina -tomado ante un juez, un médico y la prensa- de regresarlos al penal, fueron llevados a la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, y fusilados a mansalva. Tres de ellos, gravemente heridos, sobrevivieron, pero la dictadura de Videla los desapareció luego del 24 de marzo del 76. También asesinó al abogado que los acompañó en el fallido regreso, el Dr. Mario Abel Amaya.

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Tras este bárbaro hecho, la dictadura inventó versiones disparatadas para encubrir la ejecución de presos políticos desarmados, quienes estaban “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, otra figura falaz del arsenal de mentiras seudojurídicas inventadas para conculcar derechos humanos y libertades públicas. Más allá de las piruetas político-jurídicas de la dictadura, la “disposición del PEN” implica su responsabilidad por la vida y la integridad de los militantes detenidos.

Los ejecutores materiales fueron el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa -entrenado en represión en Fort Gullick, EEUU-, el teniente de fragata Roberto Guillermo Bravo, el capitán Herrera y el teniente Del Real, quienes la noche del 22 de agosto perpetraron el asesinato. La Armada, que no combatió al imperio inglés en defensa de Malvinas, fiel a su odio antipopular, una vez más mintió -luego de traicionar y asesinar- premiando a los verdugos con una agregaduría naval en la embajada en EEUU y sobresueldos de hasta cuarenta dólares diarios para Sosa y Bravo. Esto consta en el último decreto, Nº 3495, que firmó Lanusse el 30 de abril de 1973, publicado en el Boletín Oficial de junio del mismo año.

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A cuarenta años vista, afrontan el juicio Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y Carlos Marandino. Eludió el banquillo Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por EEUU, país que lo protege como a tantos terroristas y provocadores a su servicio. Si bien es auspicioso que los esbirros respondan ante un tribunal -con todas las garantías que ellos no dieron a los compañeros-, es necesario enjuiciar y condenar a los responsables políticos de este bárbaro accionar. A quienes tomaron las decisiones y a sus cómplices. Un corresponsal de prensa británico filtró que en la reunión del 21 de agosto la junta militar -general Lanusse, almirante Natal Coda y brigadier Rey- junto al ministro del interior, el radical balbinista Arturo Mor Roig y el secretario de la junta, brigadier Ezequiel Martínez -luego candidato presidencial de la dictadura sostenido por el partido Bloquista de San Juan-, tomó la decisión de asesinarlos. El PJ, gobernante desde el 25 de mayo de 1973, luego de dar un golpe al presidente electo, Héctor J. Cámpora, negó la investigación de los hechos y el castigo correspondiente.

Para consagrar el encubrimiento y la impunidad de la dictadura, el general Sánchez de Bustamante ordenó impedir los velatorios. Para ello recurrió al ataque blindado, paradoja que adelanta la tragedia de Malvinas: tanques contra féretros de dignos luchadores, luego rendición indigna de los secuestradores y ladrones de niños ante el imperialismo inglés. La policía federal no quiso quedar fuera de esta indecencia: el siniestro comisario Villar, inventor de las Tres A, mandó la guardia de infantería a apalear a los familiares de los caídos.

La fuga, un hecho político de gran magnitud, demostró que las prisiones de “máxima seguridad” no son inexpugnables, tan es así que los compañeros, bajo las narices de los cancerberos, durante varios meses, trabajando con una rigurosa compartimentación, pudieron desplegar los preparativos y ocultar el material necesario, como uniformes militares, planos, horarios de vuelo y unas pocas armas cortas. Demostró que las dictaduras no son invencibles, que la resistencia popular puede jaquearlas y tumbarlas.

Esta acción dio el ejemplo en cuanto a que fuerzas de distintas extracciones y opiniones políticas e ideológicas pueden plasmar la unidad y golpear al enemigo de clase. También dio por tierra con la fábula mentirosa de que las organizaciones populares y revolucionarias somos violentistas. Todo el operativo evidenció la decisión de no derramar sangre ni de la población civil de la zona ni de los pasajeros del avión ni tampoco del personal penitenciario. El acuerdo entre los diecinueve compañeros que no llegaron a tiempo al aeropuerto más un juez, un médico, la prensa y los oficiales de la Armada se inscribe en la misma idea de no ocasionar bajas civiles.

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Para el rescate de la memoria histórica, es oportuno recordar a los compañeros que apoyaron la fuga deteniendo el avión que se usó para pasar a Chile: Víctor “Gallego” Fernández Palmeiro y Alejandro Ferreyra, ambos del PRT, y Ana Wiesen, de las FAR, quienes cumplieron la misión de ingresar en la cabina y controlar a los pilotos. También corresponde resaltar la actitud del presidente de Chile por la Unidad Popular, compañero Salvador Allende, quien otorgó asilo político a los combatientes fugados y facilitó su viaje a Cuba, negando la extradición requerida por la dictadura.

Asimismo destacamos el papel de nuestro camarada Elbio Angel Bell, secretario general del Partido Comunista de Trelew; apoderado, correo y contacto de Mario Roberto Santucho, desaparecido por la dictadura genocida, que se vengó de él el 5 de noviembre de 1976, justo a un año de la muerte del compañero Agustín Tosco. La dictadura lo “celebró” desapareciendo al último sobreviviente de aquella gesta. Con mucha satisfacción, en estos días supimos que en Rawson hay una esquina donde se cruzan la calle Elbio Bell y la calle Mario Amaya.

Trelew demostró el heroísmo, la capacidad de luchar a como diera lugar por parte de la generación del 70 pero, lamentablemente, demostró también que el no lograr que esa unidad de fuerzas populares que allí se plasmó continúe, permite al capitalismo reciclarse y mantener su dominio haciendo creer a los dominados que las cosas no pueden ser de otro modo. Parafraseando a Lenin, hay una herencia a la que renunciamos: la del posibilismo y la división; y una herencia que asumimos y reivindicamos: la de la lucha unida para que los trabajadores y el pueblo alcancen la estatura histórica de fuerza política, de bloque histórico revolucionario.

Un homenaje efectivo y duradero a los héroes de Trelew, a los 30.000 desaparecidos, a los caídos de la democracia restringida, será asimilar ambas enseñanzas: militancia cotidiana apasionada hasta la heroicidad si hace falta; y construcción de unidad, de alternativa de poder popular para terminar con el autoritarismo, la impunidad, la dependencia y la explotación y opresión capitalista, para la revolución, la liberación y el socialismo en nuestra Patria y en nuestra América toda.

 

Compañeros asesinados

Clarisa Lea Place
Susana Lesgart
María Angélica Sabelli
Ana María Villarreal de Santucho
Carlos Astudillo
Pedro Bonnet
Eduardo Capello
Alberto del Rey
Mario Emilio Delfino
Alfredo Khon
José Ricardo Mena
Miguel Angel Polti
Mariano Pujadas
Humberto Suárez
Humberto Toschi
Alejandro Ulla

Compañeros heridos

María Antonia Berger
Ricardo René Haidar
Alberto Miguel Camps

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